Muchos de los Proyectos impulsados por el Intendente Etchevarren y que para su ejecución necesitan contar con terrenos han presentado irregularidades con el dominio, incluso en algunos casos hubo y hay actuaciones judiciales de por medio, en un caso puntual por la afectación patrimonial que habría sufrido el Municipio.
Antes de entrar en el tema que nos ocupa cabe recordar como ejemplos, que en 2011 la gestión Etchevarren ingresó con el anunciado objetivo de construir viviendas en un terreno ubicado en calles Juncal, Pistarini, Pieres y sin nombre, demoliendo una precaria vivienda existente en el lugar, situación que originó en primer término una denuncia penal y luego una acción civil, en ambos casos impulsadas por el vecino que detentaba la posesión, resultando la segunda contraria a los intereses del Municipio al fallar la justicia en su contra, debiéndose pagar como consecuencia abultados honorarios como perdedora del litigio.
En cuanto al tema que hoy nos ocupa es de señalar, que en noviembre de 2020 este Diario publicaba sobre una controversia judicial por la propiedad de dos manzanas de tierra en Dolores y que ella involucraba a la Municipalidad, en razón que el Intendente Etchevarren había firmado un compromiso de compra y abonado un adelanto por esos terrenos que iba a destinar al “Banco Municipal de Tierras”.
Por entonces el Jefe Comunal había enviado al Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza, procurando convalidar un convenio de compra por él firmado con una vecina de Dolores de unos terrenos ubicados en calles José Hernández, Juncal 723 y Ceresetto de nuestra ciudad, surgiendo a consecuencia del estado público que tomaban esas actuaciones una denuncia penal, formulada por quien dijo ser la real propietaria de esas manzanas de tierra tal como surgía de la documentación que acompañaba.
Por otra parte, se conocía que la denunciante manifestaba haber informado al Intendente de esa situación, señalando que luego de habérsele reconocido la compra a la vendedora denunciada se le había efectuado un ofrecimiento en iguales términos que la operación ya pactada.
Como consecuencia de todo esto el proyecto de convalidación de la compra volvió al Departamento Ejecutivo municipal, desconociéndose desde entonces que había ocurrido, el Intendente con su característico ocultamiento de información y pese a la obligación legal de publicar los Decretos emitidos no lo hizo.
Y quizás todo hubiera continuado igual si no hubiéramos accedido al fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto a la Rendición del Ejercicio 2020 de la Municipalidad, en el que surge los pagos efectuados por el Municipio por dicha compra y la demanda que este iniciara en el Fuero Civil.
Dice el Tribunal de Cuentas: que por la compra de esas dos manzanas de tierra el precio acordado el 3 de agosto de 2020 fue de $. 2.200.000 más la cancelación de deudas por impuestos, considerándose a estos importes como parte del precio de la operación (a julio de ese año era de $. 893.475).
Que la forma de pago se fijaba en tres cheques diferidos de 400 mil pesos cada uno (cobrados antes de que el Proyecto de Ordenanza se tratara en el Concejo), mientras que el saldo se cancelaría en tres pagos diferidos.
El Municipio por Decreto 1.034 del 20 de noviembre de 2020 (luego de hacerse pública la denuncia penal) desistió del Proyecto de Convalidación de compra y resolvió gestionar la restitución de las sumas abonadas, advirtiendo el fallo del Tribunal que ello no había ocurrido, también, que se había dado de baja la deuda que en juicio tenían esas tierras pese a haberse dado de baja el Boleto de Compraventa firmado.
La responsabilidad de lo sucedido según el Fallo del Tribunal de Cuentas recae en el Intendente Camilo Etchevarren, la Contadora Municipal María Alejandra Arrechea y el Jefe de Compras Jonathan Chaar, manteniendo en suspenso la decisión a tomar para próximos estudios, debiendo recordarse que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en su artículo 241, “el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos”.
Es de destacar, que tanto el Decreto 727 del 3 de agosto de 2020 que convalidó la compra, como también el 1034 del 20 de noviembre de ese mismo año por la cual se desistió de la adquisición, tal como es costumbre en la actual gestión (quizás para ocultar lo sucedido) nunca fueron publicados por el Municipio.
El trámite de recupero del dinero tiene sus bemoles
Luego que la Municipalidad intimara a la vecina denunciada el reintegro del dinero pagado, al no haber obtenido respuestas inició en febrero de 2021 una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial n°3 Departamental, registrándose en forma contemporánea a esta acción judicial el fallecimiento de la vendedora.
Esas actuaciones no registraban mayores movimientos, recién el mes pasado se ha dado traslado de la demanda a los herederos, quienes por su parte han iniciado el juicio sucesorio. De la causa penal nada se conoce, aunque seguramente habrá sido cerrada o se lo hará.
Por todo ello sería lógico pensar que el recupero de esos 2.200.000 pesos más la deuda que los terrenos tenían con la Municipalidad, podría transformarse en una acción judicial prolongada en el tiempo y con un final abierto, por lo menos con lo conocido hasta hoy.