La jueza Mariana Irianni intimó ayer al gobierno de Axel Kicillof a avanzar en los próximos días con la demolición del sector de talleres de la Unidad Penal N°15 de Batán al advertir que corre riesgo la vida de un «sinnúmero» de personas detenidas, civiles y personal del Servicio Penitenciario.
La magistrada elevó «con carácter urgente» la notificación a la Dirección de Infraestructura, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, después de haber dictado hace un mes y medio la clausura parcial del mismo sector, a raíz de una serie de derrumbes.
El área en cuestión, donde los internos tienen la posibilidad de desarrollar diferentes actividades de reinserción, se compone de dos edificaciones, cada una de la cual cuenta con una nave central y dos naves laterales.
A mediados de mayo, las instalaciones de la cárcel fueron inspeccionadas por peritos de la Suprema Corte que aconsejaron “la pronta demolición de ambas naves laterales y a la reparación de la cubierta central con el objeto de detener el deterioro existente”.
Así, ante la falta de respuestas que acusa de la Provincia y “la urgencia y el peligro real en la demora que podría ocasionar” el peligro de nuevos derrumbes, la jueza resolvió en las últimas horas clausurar la totalidad del sector del penal de Batán y avanzar con la orden de intimación para que se cumpla el pedido que realizaron los ingenieros a título preventivo.
“Con estas medidas se puede evitar el riesgo que corren un sinnúmero de personas detenidas, civiles y personal del Servicio Penitenciario”, consideró Irianni, quien está a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata, en el dictamen al que accedió 0223.
También le exigió al Ejecutivo provincial a que en los próximos diez días “presente un plan alternativo que evite el cese definitivo de las actividades que se llevan acabo en el sector talleres, con el fin de que los internos que allí realizan tareas no se vean afectados por la medida dispuesta”. “Hay que procurar que las actividades que allí se realizan continúen desarrollándose en otros espacios de dicha Unidad Penal, debiendo verificar, en el marco de la presente acción, que no exista riesgo para las personas que allí laboren”, instó la magistrada.