En una nueva resolución dictada este miércoles en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, se intimó al Intendente Camilo Etchevarren y al Dr. José Equiza (a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante) a que cumplan con la orden judicial que dispuso el reintegro a seis Concejales de la oposición de los descuentos practicados en sus haberes de agosto, septiembre y octubre de 2022, imponiéndoles a ambos funcionarios en caso de incumplimiento a la manda judicial una sanción monetaria diaria.
Este caso fue judicializado el año pasado luego que el Dr. José Equiza dispusiera por Decreto retenciones por (presuntas) inasistencias de los ediles a las sesiones del Concejo convocadas, resolviendo el Juez Dr. Antonio Escobar en el mes de noviembre la inmediata suspensión de los efectos de la decisión que disponía los descuentos y el reintegro del dinero retenido a los Concejales señalados.
Dicha resolución fue comunicada al Intendente y al Vicepresidente del Concejo (a cargo de la presidencia), efectuándose repetidas intimaciones ante su no cumplimiento, la que ahora aduna la sanción monetaria si no se la acata.
Esta nueva resolución del Juzgado Contencioso surge después de la presentación de una de las Concejales afectada, quien en su presentación resaltó, “hemos practicado diversas intimaciones a la Municipalidad y a la Presidencia del HCD que desoyen a la justicia y se burlan de la parte actora, resultando impune su actuación (la del Juez), solicitando se efectuara una nueva intimación y se aplicara a los intimados “astreintes” (1) diarios en caso de no acatamiento.
El Juez en lo Contencioso Dr. Antonio Escobar al resolver este miércoles la presentación, dispuso intimar al titular de la Municipalidad para que en el término de dos días acredite el cumplimiento de la resolución judicial, acompañe las constancias que acredite el reintegro de los descuentos efectuados a los Concejales presentados en el Expediente, todo ello bajo apercibimiento de aplicarse “astreintes” por “diez mil pesos” por cada día de demora una vez vencido el plazo otorgado y hasta el efectivo cumplimiento, cuyo monto será destinado a la parte afectada por el incumplimiento judicial.
- (1) Sanción en dinero por demora al cumplimiento de una orden judicial.