Mientras el oficialismo espera que el principio de acuerdo alcanzado con la oposición dialoguista se fortifique, los legisladores de esos bloques analizan los cambios que propuso el oficialismo, que incluyen retenciones, limite a las facultades delegadas y la no privatización de YPF, entre otros.
Uno de los puntos centrales que se le reclamaba al presidente Javier Milei era por las facultades delegadas, que se habían establecido en el proyecto original en dos años y la posibilidad de extenderlas por otros dos años, llegando al mandato completo.
En el nuevo texto se contempla la reducción de 2 años a uno de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo con una mayor restricción de las emergencias declaradas.
Además, se dejó afuera la eliminación de la movilidad jubilatoria y se planteó una nueva atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).
También se acordó la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales, y el pase a archivo de la reforma electoral por uninominalidad de jurisdicción, el punto más cuestionado de la reforma.
La oposición también le había pedido al Gobierno que acepte acotar la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto no tuvo respuesta positiva.
Otro de los reclamos era que el oficialismo aceptara acotar el abordaje de la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto se mantuvo firme y dejó en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
El debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales continuará el lunes o martes, y tras la firma del dictamen se convocará al recinto para sesionar el jueves 25, un día después del paro y movilización del movimiento obrero y los movimientos sociales.