Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano
La impunidad es la ausencia de sanción o condena respecto a quienes deben ser aplicadas por faltas, infracciones o delitos.
Es una omisión injusta como arbitraria en que incurren las autoridades que tienen como funciones proteger a la sociedad y a los individuos de actos contrarios a las leyes y al orden en perjuicio de la vida, la salud, la integridad física, la libertad, la propiedad, la dignidad, la moral, el pudor y de todo lo que implique menoscabo, restricción, violación o abuso tanto de particulares como de funcionarios públicos.
El evitar que ello ocurra corresponde al poder judicial, político y a las fuerzas de seguridad, y también a todo aquel que al conocer un hecho ilícito lo denuncie a la autoridad competente.
La impunidad cuando se toma como algo corriente que sucede expresa en tal pensamiento generalizado la inseguridad en que vive una sociedad, causando sensaciones de impotencia ante el riesgo que ello conlleva, como de bronca y de frustración por la falta de justicia, y más cuando se sospecha que pudo ser deliberada.
La impunidad es lo contrario al sentido de justicia distributiva que hablaba Aristóteles de recompensar a aquel que obra bien y castigar al que se inclina por el mal, ya que no mediando castigo va de suyo que tampoco se repara el perjuicio causado a las víctimas y a sus familiares directos en los supuestos de pérdidas de vidas o desapariciones de personas, que es más espiritual y moral que económico; es decir, solamente pedir que se haga justicia.
Es reprobable socialmente por ofender a la moral pública, el no castigo por actos de enriquecimiento ilícitos y negociaciones incompatibles con sus funciones a quienes ejercen el poder político, lo que genéricamente se denomina corrupción política, y que en varios casos involucra también a sectores que obran en connivencia (empresarios, financistas, proveedores del estado, etc.). La idea en este país es que el poder otorga impunidad.
También la defensa corporativa por aquello de que “entre bueyes no hay cornadas”.
El corporativismo si bien puede ser una manera de organización social, es malo cuando su espíritu lleva a ocultar y encubrir actos ilícitos y de corrupción de sus dirigentes o miembros para no dañar públicamente el prestigio de una institución; cuando por el contrario se la defendería mejor si se denunciaran tales hechos, pues hablaría de la honestidad de sus integrantes.
Lamentablemente existe una tendencia generalizada de encubrir a los que son pares en un organismo o entidad. El ejemplo más típico es el de los legisladores que al poseer fueros parlamentarios demoran en resolver quitárselos a un par sospechado por la justicia de haber cometido ilícitos, sugiriéndole en casos pedir licencia hasta la finalización de su mandato, demostrando que lo hacen a veces forzados antes la presión mediática y social. Por referirnos a algunos el de Carlos Menem, José Alperovich entre los primeros, y el de Julio de Vido, entre los segundos. No teniendo conocimiento de juicios políticos realizados a miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, lo que indica a las claras de una intención de defensa corporativa muy marcada que encubre otra rayana a la impunidad al poner obstáculo a facilitar en tales supuestos la investigación judicial. Lo que también pone en evidencia que el poder crea impunidad, al sentirse quienes lo ejercen autoprotegidos por detentarlo y distintos del resto de la gente común que está expuesta a detenciones y a ser sometidas directa e inmediatamente a procesos judiciales.
En similar sentido sucede con las autoridades policiales que con el cobro de coimas mediante liberan zonas para que operen el narcotráfico, la explotación del ejercicio de la prostitución, bandas delictivas, desarmaderos de autos robados, etc.
Es decir, que el poder o la jerarquía en el cargo que invisten los hacen creer impunes.
La justicia por su parte contribuye a que la impunidad se mantenga latente al investigar a veces más a las víctimas que a los victimarios o dejando transcurrir el tiempo por desidia a veces o ineptitud en otras sin aclarar hechos delictivos o individualizar a sus autores, cosa que ha ocurrido y sigue ocurriendo en los casos de numerosas personas desaparecidas, especialmente de niños que nunca más se sabe de sus paraderos.
Mi conclusión, la impunidad en casi la mayoría de los casos que no son aclarados ni condenados resulta de un accionar de connivencia simultáneo de la política, la policía, y la justicia, varias veces a través de la presión que ejerce un poder respecto al otro, el encubrimiento o la demora en el tiempo.
Las víctimas o los familiares de ellas reclaman justicia, pero el tiempo pasa y nada se aclara.
De allí que la política esté desprestigiada, la policía casi siempre implicada y la justicia sospechada.
Frente a esas dudas vivimos con temor por la desprotección en una sociedad que al no cumplirse y aplicarse las normas es por injusta muy insegura.