El grave accidente ocurrido el pasado lunes en la Autovía 2 volvió a encender las alarmas sobre el control de alcoholemia en las Rutas de la provincia de Buenos Aires. El siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 220 de la Ruta y que dejó como saldo el fallecimiento de un vecino de Dolores, ocurrió cuando este circulaba en moto y fue embestido por un vehículo Renault Sandero.
Al momento en que la Justicia realizaba las actuaciones y se disponían medidas de prueba, se tomó conocimiento de un problema estructural: en el Distrito de Dolores, ninguna dependencia contaba con un alcoholímetro para realizar el test correspondiente al conductor involucrado.
Ni la Policía Vial de Dolores, ni la Secretaría de Seguridad Municipal, ni la Policía de la Provincia, disponen de alcoholímetro. Ante esta situación crítica, se debió recurrir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con base en Monasterio, que finalmente proveyó el aparato necesario para realizar la prueba.
Este vacío operativo pone en tela de juicio la efectiva implementación de la Ley de Alcohol Cero en territorio bonaerense. Esta normativa, sancionada en diciembre de 2022 y en que entró en vigencia desde enero de 2023, prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol en sangre superior a 0.0 gramos por litro. La medida fue impulsada para reducir los siniestros viales, que constituyen una de las principales causas de muerte en el país, especialmente entre jóvenes.
Sin embargo, como quedó en evidencia en este caso, la aplicación de la ley se vuelve impracticable si las Fuerzas de Seguridad no cuentan con los insumos básicos, como alcoholímetros calibrados y operativos.
Un problema que se repite
Este no es un hecho aislado. En numerosos puntos del interior bonaerense, el control de alcoholemia sigue siendo deficiente o directamente inexistente. Muchas veces, los operativos se realizan de manera esporádica, sin los recursos humanos ni técnicos suficientes. En otros casos, los alcoholímetros disponibles están fuera de servicio, sin calibración o con una antigüedad que compromete la fiabilidad de los resultados.
En zonas turísticas o con alta circulación, como Dolores -punto estratégico de las rutas que conducen a la Costa Atlántica-, que es cabecera del Departamento Judicial, de la sede del Juzgado Provincial de Faltas de Tránsito y de la Zona IV de Policía de Seguridad Vial, la falta de equipamiento adecuado agrava aún más el panorama. “No se puede aplicar una Ley si no se brindan las herramientas para hacerla cumplir”, advirtió un funcionario local que pidió reserva de su nombre.
La importancia del control
El rol de los controles de alcoholemia es clave para la prevención de accidentes. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en las provincias donde rige la ley de Alcohol Cero y se realizan controles frecuentes, la siniestralidad vial disminuyó significativamente. En contraste, allí donde los controles son escasos o inexistentes, los accidentes relacionados con el consumo de alcohol siguen siendo moneda corriente.
Un llamado de atención
El episodio en la Autovía 2 debería servir como un llamado de atención a las autoridades provinciales; y solucionar rápidamente la falta del alcoholímetro. No basta con sancionar leyes: también hay que garantizar su cumplimiento efectivo. Si no se puede determinar en el momento si un conductor involucrado en un accidente grave está alcoholizado o no, la Justicia queda atada de manos, se pierde tiempo valioso para investigar y se diluye la capacidad del Estado de prevenir futuras tragedias.
La Seguridad Vial no es solo una cuestión de normas, sino de recursos, planificación y compromiso. La Provincia de Buenos Aires no puede darse el lujo de improvisar en este terreno. Cada minuto sin controles es una oportunidad más para que el alcohol al volante cobre una nueva víctima.