En un fallo reciente que pone el foco en la protección de los adultos mayores, el Juzgado en lo Correccional nº 3 de Dolores condenó a una pareja de vecinos de Dolores hallados responsables de los delitos de “defraudación por administración fraudulenta y estafa”, hechos del que resultara víctima una mujer de edad avanzada que se encontraba en situación de especial vulnerabilidad.
La sentencia, dictada por el Juez subrogante Dr. Jorge Martínez Mollard, homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscal Dra. Graciela Andriuolo y la Defensora Oficial Dra. Muriel Mendoza, con anuencia expresa de los imputados.
El caso: según la resolución judicial los hechos ocurrieron entre 2010 y 2016, cuando luego del fallecimiento del esposo de la víctima, la mujer quedó bajo el cuidado de su sobrino político y su pareja, quienes, aprovechando el deterioro en la capacidad de decisión y su fragilidad mental administraron de manera fraudulenta sus bienes.
Entre las maniobras descubiertas según consigna el fallo, se encuentra la venta irregular de un campo de unas 100 hectáreas en el partido de Tordillo, realizada mediante un poder especial otorgado cuando la mujer ya no se encontraba en condiciones plenas de comprensión ni de gestión de sus intereses. Además, se señala que los imputados se apropiaron de sus ingresos mensuales, producto de jubilaciones, pensiones y dinero bancarizado que poseía, sin rendir de ello cuentas a la justicia ni a familiares.
Según la investigación el dinero obtenido de la venta del campo nunca fue debidamente justificado por los imputados, mientras que los ingresos mensuales de la víctima, que eran suficientes para garantizar su bienestar, tampoco fueron administrados de manera adecuada. Se resalta que la mujer fue trasladada sin aviso a un geriátrico y desalojada de su casa, la que quedó ocupada por los propios imputados.
El fallo: al dictar sentencia el Juez Martínez Mollard destacó, que los imputados actuaron “abusando de la confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima” con la intención de obtener beneficios económicos indebidos. Y que el conjunto de pruebas incorporadas a la investigación, que incluían declaraciones de familiares, informes médicos y documentación notarial, había permitido reconstruir el esquema de abuso y engaño del que fue objeto la mujer.
Si bien la gravedad de los hechos quedó acreditada, el Magistrado consideró que la pena a imponer debía ser de ejecución condicional debido a que los acusados no registraban antecedentes penales. No obstante, estos deberán cumplir estrictas condiciones para mantener su libertad.
Por todo ello el Juez Martínez Mollard resolvió condenar a Elvira Cristina Alem, de 60 años de edad y a Osvaldo Raúl Rossi, de 65 años, ambos vecinos de Dolores, por resultar penalmente responsables de los delitos de «Defraudación por administración fraudulenta y Estafa en concurso real”, imponiéndoles como pena “Dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional”.
Un llamado de atención
Sin dudas la sentencia pone en evidencia los peligros que enfrentan los adultos mayores cuando su capacidad de decisión se ve afectada y el control de su patrimonio queda en manos de terceros. Aunque este fallo de primera instancia aún no está firme y puede ser apelado, sin dudas representa un paso importante en la defensa de los derechos de las personas mayores y en la concientización sobre el abuso patrimonial en contextos de vulnerabilidad.