Mientras la Justicia suele ser blanco de críticas, pocas veces se señala que los Jueces aplican Leyes que son sancionadas por los políticos, quienes muchas veces priorizan intereses partidarios por sobre las necesidades reales de la Sociedad.
En la Argentina, el Poder Legislativo -integrado por Diputados y Senadores elegidos por el voto popular- es el encargado de sancionar las Leyes que rigen la vida social, política y económica del país. Sin embargo, un creciente malestar ciudadano pone en evidencia una problemática profunda: las reformas legislativas parecen estar cada vez más alejadas de las necesidades del pueblo, enfocándose principalmente en cuestiones políticas o sectoriales. Como muestra basta un botón: en la Provincia se muestran preocupados por habilitar la reelección indefinida de cargos electivos, una maniobra clara que muchos interpretan como una forma de perpetuarse en el poder.
Y mientras esto sucede, cada escándalo judicial, cada fallo polémico o cada investigación sensible suele desatar una ola de cuestionamientos hacia la Justicia. Sin embargo, rara vez se señala que los Jueces y Fiscales no crean las Leyes que aplican: simplemente las interpretan y las hacen cumplir bajo los marcos normativos que el Congreso establece. De no hacerlo adecuadamente, los Magistrados se exponen a sanciones, destituciones e incluso procesos judiciales en su contra.
El problema central radica en que la legislación vigente, muchas veces anacrónica o diseñada a medida de intereses circunstanciales, obliga a los operadores judiciales a resolver casos complejos con herramientas inadecuadas. Cuando los fallos no satisfacen las expectativas públicas la mirada crítica suele centrarse en los Jueces, pero pocas veces se dirige hacia quienes tienen la potestad y la responsabilidad de modificar esas normas: los legisladores.
Los tiempos de la Justicia son muchas veces excesivamente lentos, generan una sensación de abandono en la ciudadanía. Ante la demora en las respuestas institucionales, algunos reclamos legítimos empiezan a desbordar los cauces legales y rozan comportamientos que lindan con el delito. Esta situación se agrava cuando la política, en lugar de dar respuestas, se desentiende de las problemáticas que no afectan directamente sus intereses. Así, el vacío que deja el Estado se llena con frustración, desconfianza y acciones desesperadas.
En los últimos años el Congreso ha dedicado buena parte de su actividad a tratar Leyes vinculadas a reestructuraciones judiciales, ampliaciones de tribunales, modificaciones de regímenes electorales o cambios en la composición de organismos de control. Mientras tanto, cuestiones sensibles para la ciudadanía -como la Inseguridad, la Educación, la Salud o el acceso a una vivienda digna- han quedado relegadas a un segundo plano.
El ciclo de responsabilidad se cierra de manera preocupante: los ciudadanos votan representantes, los representantes sancionan Leyes, los Jueces aplican esas Leyes y, cuando el sistema falla, se culpa al último eslabón de la cadena.
La necesidad de una política que legisle de cara al pueblo y no en función de disputas de poder, parece hoy más urgente que nunca. Una Democracia sólida no se construye solo con Elecciones periódicas, sino también con Instituciones fuertes, leyes justas y representantes que escuchen verdaderamente a quienes les dieron su mandato.