La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio intervención al Poder Ejecutivo, a la Justicia Penal y a la Electoral respecto de la lista irregular (trucha) presentada por el Partido “Justicia y Dignidad Patriótica” para intervenir en la elección PASO del próximo 13 de agosto en el Distrito de Dolores. También respecto de otras Agrupaciones o Frentes por igual situación en distintas localidades.
Respecto de la que nos ocupa, es de recordar que en nuestra Redacción y a partir de detectar que la persona que figuraba como precandidato a Intendente era un desconocido en Dolores, nos llevó a analizar en el Padrón Electoral los nombres del resto de los integrantes de la lista de ese partido político, comprobando que la mayoría de ellos no figuraban, no eran dolorenses, por lo tanto, no estaban habilitados ni para ser electores o electos al no tener el domicilio acreditado como exige la ley.
La difusión de esa información de Diario Compromiso tuvo eco en la Junta Electoral provincial donde se iniciaron actuaciones, trascendiendo desde este Organismo que solo 4 de los 16 integrantes de la lista de “Justicia y Dignidad Patriótica” presentada eran vecinos de Dolores, que el resto era ciudadanos empadronados en otras localidades, como Junín o San Nicolás.
Dijimos también al desarrollar el tema, que este tipo de maniobra podría tener relación con los fondos que provee el Estado a las Agrupaciones políticas para intervenir en las elecciones, puntualmente para la impresión de boletas.
Los puntos enunciados en el desarrollo de la información han sido corroborados en las últimas horas, a partir de la resolución adoptada por la Junta Electoral provincial respecto de estas listas irregulares detectadas.
La Resolución indica entre otras cosas, que la Secretaría de Actuación había “detectado presuntas inconsistencias en la presentación de las listas oficializadas de precandidatos de algunas fuerzas políticas, que exceden en su cantidad a las que habitualmente se detectan…”. Que por ello se solicitó un control de listas, detectándose en determinados partidos, entre ellos ‘Justicia y Dignidad Patriótica’, “una sistemática directriz en la confección de las listas que se reflejaba en que la mayoría de los precandidatos oficializados no pertenecen al distrito por el cual se postulan”.
Mas adelante se agrega que: “si esas listas oficializadas por las Asociaciones políticas son integradas por precandidatos que no pueden ser candidatos, ello se traduciría en una erogación considerable al tesoro del Estado Provincial sin tener la contraprestación debida, pues se estaría ofreciendo al electorado una candidatura ilusoria”.
Por ello la Junta Electoral resolvió para resguardar la transparencia y legalidad de las elecciones, así como también la voluntad del electorado, dar intervención al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio Público Fiscal, como también al Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires.
Por último, es de consignar que a partir de estos hechos que se hicieron públicos han comenzado a surgir situaciones similares en distintas localidades bonaerenses, estando en la mira listas presentadas en Mar del Pata y en el Partido de la Costa por la misma agrupación que lo hizo en Dolores.
