Dos semanas después de las PASO, la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a analizar si confirma o revoca el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en el causa en la que está acusado de espiar a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Así lo resolvió el juez Guillermo Yacobucci al convocar a las partes a una audiencia el próximo 30 de agosto para escuchar los argumentos a favor y en contra de la causa que llevó al ex jefe de Estado a indagatoria. El juez de Dolores Martín Bava había procesado al ex jefe de Estado en 2021, pero la Cámara Federal porteña revocó el año pasado esa decisión y firmó su sobreseimiento.
Eso es lo que cuestionaron los querellantes ante la Cámara de Casación. Se trata de la situación procesal de Macri y de los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Los encargados de analizar la cuestión serán los jueces Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky.
El submarino ARA San Juan implosionó a las 10:55 del 15 de noviembre de 2017, luego de que -según la hipótesis que maneja la Justicia- una explosión en uno de sus bancos de baterías dejara a la tripulación incapacitada para poder maniobrar la nave para llevarla a la superficie. Esa fue la información que surgió más de un año después de aquel día, pero por entonces sólo se tuvo conocimiento de la desaparición de la nave tras días sin dar señales ni ser registrado por los radares. Los 44 tripulantes murieron. Durante un año, los familiares de las víctimas llevaron adelante marchas y movilizaciones exigiendo respuestas.
En ese marco es que apareció la denuncia que involucró al ex mandatario. La acusación implicaba haber espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas, cuando ese grupo pedía ayuda para encontrar a sus seres queridos, perdidos en el fondo del mar. Para la Cámara Federal, el delito no existió: a su criterio, las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.
