Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos aprobar el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, que apunta a que el plazo de duración de los contratos vuelva a ser de dos años y que la actualización de los precios sea cada cuatro meses.
Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.
El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que está decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.
El interbloque Federal se dividió: mientras que Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron afirmativamente, Natalia de la Sota y Alejandro «Topo» Rodríguez lo hicieron en contra, en tanto que los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein se abstuvieron.
La iniciativa que rige actualmente -sancionada en 2020, con contratos de tres años e indexación anual en base a indicadores fijos que combinan IPC y RIPTE- no dio los resultados esperados al calor de la inflación descontrolada y los cambios en el mercado inmobiliario, con un retiro incesante de unidades en alquiler tradicional producto del auge de los alquileres temporarios en plataformas extranjera y la retracción de la oferta a razón de otras formas de especulación inmobiliaria.