Los privilegios que tienen algunos políticos algún día tienen que terminar, más aún cuando estos se hacen en claro detrimento de las necesidades o derechos del resto de los ciudadanos, como lo es la seguridad personal o de sus bienes.
Durante muchos años los dolorenses han sido testigos o víctimas de hechos de inseguridad ante una clara inacción del Municipio, que pese al dinero público que gastaba poco hizo para cambiar la realidad más allá de darle combustible a la Policía.
Se hablaba de zonas liberadas o intereses espurios por parte de los responsables, se ponía el acento de los pocos o nulos procedimientos para combatir la droga cuando en localidades vecinas si se lo hacía. Quizás en este tema la justicia debería revisar su actuación, porque es por demás claro el planteo que se hace la gente.
Y volviendo a los privilegios y la seguridad, el caso que hoy nos ocupa es el del ex Intendente Camilo Etchevarren, quien desde que adquiriera la propiedad de calle Sarmiento al 150 y más aún, cuando construyó la vivienda que es su morada y la de su familia, contó en forma permanente con la presencia física de un uniformado -muchas veces también un móvil policial-, que se encargaban de custodiarlo a él, su familia y sus bienes.
Esa vigilancia exclusiva la había dispuesto la Policía desde hace años como consecuencia de la relación que mantenía el ex Secretario de Seguridad Municipal Fabian Puig con los jefes de la fuerza, al que el Municipio sumó la instalación de una estratégica cámara de seguridad colocada en una esquina cercana.
Evidentemente ahora, al no tener la Policía una justificación para mantener ese servicio se lo ha retirado, Etchevarren al igual que el resto de los vecinos tendrá la atención y protección que dispone las autoridades en cumplimiento de la ley.