El gobierno nacional pidió que la justicia no intervenga ni resuelva las causas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 ya que el Congreso Nacional está evaluando el texto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y dijo que la necesidad y la urgencia de una medida de gobierno es “una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”.
“No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial. Pues el Poder Legislativo será quien se encuentre en mejores condiciones para examinar si resultaba necesario sortear las vías ordinarias para la sanción de una Ley”, sostuvo el Ejecutivo en dos presentaciones que hizo y a las que accedió Infobae.
Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, contestaron los informes que les solicitó el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico en los amparos que presentaron contra el DNU la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jorge Rizzo. En los amparos se pidió la inconstitucionalidad del DNU y una medida cautelar que suspenda provisoriamente sus efectos.
Antes de resolver la medida cautelar, el magistrado le pidió al gobierno que presente un informe con sus argumentos.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el DNU que desregulariza la economía cumple a su criterio la Constitución Nacional. Los abogados señalaron que fue dictado en ejercicio de sus competencias, que hay “circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia evidentes que motivaron su dictado”, que no regula ninguno de los temas vedados como los electorales o los impositivos y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo envió al Congreso para su tratamiento.
“El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, plantearon los abogados.
El Gobierno consideró que la Justicia no debe intervenir porque es ahora el Congreso el que debe analizar si acepta o no el DNU. Posse envió el viernes pasado el texto a la Comisión Bicameral que tiene 10 días para emitir dictamen y luego remitirlo a cada una de las cámaras del Congreso. Con que una sola lo apruebe, el DNU quedará ratificado.