El Gobierno avanza con la idea de quitarles poder a las organizaciones sociales y disolverá más de 300 unidades de gestión que funcionaban como intermediarios del ya extinto plan Potenciar Trabajo.
Las unidades de gestión estaban a cargo de los movimientos sociales y de las organizaciones piqueteras, y su función era controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con el trabajo requerido para poder cobrar el plan social.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denuncian que la gestión no solo fue ineficaz, sino que le costó al estado nacional alrededor de US$34 millones solo durante el 2023 ya que recibían financiamiento para realizar cursos o actividades comunitarias que la Casa Rosada entienden no tuvieron el resultado esperado.
El principal motivo por el que el Gobierno señala que la intervención de las unidades de gestión no mantuvieron una gestión exitosa tiene que ver con la estabilidad en el número de beneficiarios.
Desde la creación del plan Potenciar Trabajo hasta el cierre que fue la semana pasada, las únicas bajas registradas -dicen desde Capital Humano- responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite. “Esto demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal. Se evidencia una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socioeconómica de los participantes”, señalaron a TN.
Es por eso que para esta nueva etapa ya no tendrán la capacidad de certificar que los beneficiarios de los nuevos programas realicen la contraprestación. Será un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina o Mi Anses.