En julio del año pasado denunciábamos públicamente la existencia para la Elección PASO en Dolores, de una lista del Partido “Justicia y Dignidad Patriótica” que tenía de los 16 nombres registrados nueve que no eran del Padrón Electoral del Distrito, que por ello no estaban habilitados para ser candidatos. Y precisábamos, que solo 4 eran vecinos de nuestra ciudad, que el resto tenían domicilio en Junín y San Nicolás.
Dijimos también, que entendíamos se estaba ante una maniobra para defraudar al Estado a través de la impresión de boletas electorales (según la ley 2,5 por elector, lo que en Dolores equivaldría a unas 60.000), ya que, cobrado ese aporte entendíamos que la mayor parte del dinero no se lo utilizaría y terminaría en la caja de vaya a saber quién o quiénes.
Lo cierto es que ahora el Juez Federal Dr. Alejo Ramos Padilla procesó a los Apoderados de cuatro Partidos Políticos que habían presentado listas el año pasado para la Elección Primaria de agosto -entre ellos el que denunciáramos-, con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan del acto electoral, considerando que ello era un fraude que estimó en más de 550 millones de pesos.
En su Resolución el Dr. Ramos Padilla consignó, que lo sucedido eran “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de Apoderados y autoridades partidarias que consistía en la conformación de Partidos Políticos sin representación ni vocación política real”, para acceder al financiamiento que legítimamente corresponden a las Agrupaciones que participan del proceso electoral.
A los Apoderados procesados de los Partidos “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Encuentro Republicano Federal”, “Proyecto Joven” y “Esperanza del Pueblo” los acusa de ser «coautor penalmente responsable de los delitos de defraudación a la Administración Pública en cuatro oportunidades (dos de ellas en grado de tentativa) en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documento público», prohibiéndoseles la salida del país y ordenándoles el embargo de sus bienes.
Por su parte a los miembros de las Juntas Electorales partidarias que fueron indagados y que desconocieron sus firmas en las actas, les dictó falta de mérito, pero ordenó pericias caligráficas y otras medidas para corroborar sus descargos.
En la investigación se detectó que estos cuatro Partidos incluían entre sus precandidatos a personas muertas, en algunos casos hacía más de diez años, que había personas que ignoraban de su inclusión en esas propuestas electorales, ni siquiera conocían de la existencia del partido político que los incluía.