Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano
El diccionario define a la palabra subsidio como “socorro, ayuda o auxilio extraordinario de carácter económico. Prestación económica concedida por un organismo oficial a ciertas situaciones sociales, como vejez, desempleo, pobreza, etc. Es decir, los subsidios son ayudas económicas que da el Estado para diferentes fines, situación de carencia y pobreza, desocupación laboral, a modo de pensión a la ancianidad que no goza de beneficios jubilatorios, becas para estudiar; sostenimiento de establecimientos educativos, deportivos, culturales; al transporte público de pasajeros (tren, colectivo, subte); emprendimientos para construir y refaccionar viviendas, fomentar el trabajo y la producción, etc.
Existen los subsidios directos e indirectos. Los primeros se otorgan directamente a los beneficiarios; los segundos a través de empresas privadas, concesionarias de servicios públicos (luz, agua, gas, transporte) para aminorar el precio de tarifas a sus usuarios (lo que deriva para ellos en una suerte de salario indirecto).
También pueden consistir en exenciones de impuestos y aranceles para promover la producción y comercialización de determinados productos derivados del agro o de la industria nacional, que se da dentro de un plan de política proteccionista o expansiva.
Los subsidios son incentivos tanto como paliativos en circunstancias de carencias como también para estimular el crecimiento y desarrollo económico de ciertas actividades o regiones de un país. De allí que su concepto es mucho más amplio que el de una ayuda en situaciones extraordinarias o de emergencias.
No exclusivamente repara en las necesidades de carencias, sino además a promover aspectos que forman parte de las políticas y funciones a cargo del Estado, como son la salud, la educación, la capacitación.
En tal sentido se adapta al concepto de subsidio que rige hoy en la mayoría de los países, la definición que de ellos da el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Clarín-1997, al señalarlos como “contribución económica que generalmente otorga el estado de un país a personas, empresas, entidades, etc.”.
De allí que el concepto de subsidio ha dejado se ser una ayuda del Estado sólo para situaciones extraordinarias de emergencia, para pasar a ser un medio de acción o responsabilidad gubernamental para suplir o robustecer la satisfacción de necesidades o requerimientos esenciales de personas, empresas e instituciones, que puede consistir en una contribución en dinero, en especies o en beneficios que alivien costos o cargas tributarias-tanto es un subsidio proveer de alimentos a comedores populares, otorgar planes sociales para la subsistencia de personas y familias en estado de carencias, como reducir o eliminar aranceles a importadores y exportadores.
No solamente se otorgan para circunstancias excepcionales, sino en situaciones económicas medianamente normales como ocurre con los servicios públicos de transportes en los países desarrollados, por el fin social que prestan a trabajadores que los utilizan a diario para ir y regresar de sus lugares de trabajo; por desempleo para paliar el período en que un obrero o empleado se encuentra laboralmente desocupado, y para cualquier otra actividad que necesite de promoción e incentivo para su mejor desenvolvimiento.
El subsidio ha dejado de ser un medio únicamente excepcional para pasar a ser uno especial o de especialidad en cuanto a su destino, aplicación como a fines diversos en distintos aspectos de la vida social y económica.
Las desigualdades sociales como los desequilibrios de mercados han convertido a los subsidios en remedios del Estado para procurar evitar sus agravamientos, pasando éste de un rol subsidiario en la economía a ser en varios casos subsidiador y auxiliador de ella.
Quienes los niegan no interpretan los problemas reales de la economía contemporánea.
La cuestión en esta materia pasa por fijar prioridades y segmentar necesidades, tratando de equilibrar desigualdades sin incurrir en generalizaciones que favorezcan a los que más tienen en mayor proporción que a aquellos que realmente lo requieren, como sucede con servicios como luz, gas, agua y transporte público. También en cuanto a regiones donde la disparidad de precios en las tarifas resultan en este país desiguales.
Quitar subsidios a los sectores de mayores ingresos tiene un justo sentido, pero no así a quienes en verdad lo necesitan por tener bajo poder adquisitivo y pobreza de bolsillo. Lo mismo respecto a las provincias que tienen bajos presupuestos y una población con escasos ingresos.
Este tema se debe auditar, pero además y fundamentalmente planificar.
Es cierto que constituye una erogación del Estado, pero lo esencial es que sean justificadamente distribuidos y eficientemente aplicados.
No son un gasto sino una inversión cuando tiene por objetivo asistir a la salud pública, sostener y promover la educación y fomentar el trabajo y la producción. Incluso al ayudar con dinero o alimentos a los sectores sociales más carenciados, pues es un deber humanitario además de un fin de bien común que la política tiene por causa y como motivo perseguir y realizar de manera insoslayable.
La palabra subsidio en este país se toma muchas veces como privilegio o dispendio excesivo cuando no lo es si se cumplen las condiciones antes mencionadas.
La quita de subsidios a servicios públicos esenciales (luz, gas, agua, transportes públicos de pasajeros) de manera generalizada e indiscriminada, dispuesta por el actual gobierno nacional, es una injusta medida, pues a los ya muy bajos ingresos le suma un aumento de las tarifas que resultan impagables para los sectores sociales medios y bajos, todo ello con el sólo propósito de lograr un déficit fiscal cero lo que agrava los niveles de carencia y pobreza, que ya son por demás elevados.
Corolario, “no hay que eliminarlos sino saber asignarlos”.