La muerte del papa Francisco detuvo el avance del proyecto de demolición del estadio Luna Park, impulsado por la productora DF Entertainment, y provocó la apertura de una investigación interna en el Vaticano sobre las decisiones del Arzobispado de Buenos Aires respecto a la concesión del icónico “Palacio de los Deportes”.
La iniciativa de demolición fue aprobada el 6 de enero por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, a pesar de que el Luna Park está declarado como Monumento Histórico Nacional y se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica. El proyecto busca construir un nuevo estadio con mayor capacidad y altura, pero requiere la aprobación final de la Santa Sede, ya que los actuales propietarios del predio son el Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana.
“Sin la autorización del Vaticano no se puede firmar el contrato ni iniciar ningún proyecto. Es normativa vaticana”, indicaron fuentes del Arzobispado al diario La Nación, en referencia a la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario Diego Finkelstein.
Tras el fallecimiento del Sumo Pontífice, el funcionamiento de los dicasterios del Vaticano —organismos encargados de diversas áreas de gestión eclesiástica— quedó en suspenso, y con ello, la aprobación del proyecto quedó en pausa. “Cada dicasterio está dirigido por un prefecto y todos ellos también renunciaron a la espera de un nuevo Papa. Por lo tanto, todo está parado”, confirmaron desde el Arzobispado.
Además, se supo que antes del deceso del pontífice, la Santa Sede ya había iniciado una auditoría legal a través de un estudio jurídico de Roma para investigar por qué el Arzobispado eligió una propuesta que, según fuentes eclesiásticas, infringe artículos de la Constitución de la Ciudad, la Ley 1777 y el Código de Edificación, los cuales resguardan el patrimonio cultural porteño.