El juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, dio por finalizada la instrucción de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, y entendió que hay elementos suficientes para que los ruralistas Martín Fernando Bustamante y Natalia Azucena Romero y el abogado Gonzalo Daniel La Menza respondan en un juicio ante las acusaciones por trata de personas. “Fueron las propias conductas de los imputados las que, a través del reclutamiento o captación de sus voluntades y acogimiento, los mantenían sometidos en condición de explotación laboral constante sin opción de modificarla”; informó La Capital.
Para el juez, las tres personas coimputadas “habrían actuado en connivencia y tenían pleno conocimiento de las tareas desarrolladas en el campo, y de la situación en la que se encontraban las víctimas”. Al analizar la situación del letrado, el juez sumó que “dado su profesión de abogado y conocimiento específico respecto de la ley, no podía (…) desconocer la ilegalidad en la que se enmarcaba la situación de las víctimas”. “Más aún –razonó el juez- cuando figuraba como titular del contrato de aparcería de la finca en la cual prestaban tareas y cuyo instrumento estipulaba específicamente la facultad de contratar personal para las tareas requeridas”.
Las tres personas acusadas fueron procesadas por el delito –agravado- de trata de personas con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre. El productor agropecuario, además, está acusado del delito de coacción agravada, lesiones leves agravadas y lesiones leves y daño.