Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano
Esa frase la supe escuchar de mis padres cuando se me antojaba algo que resultaba para ellos difícil de comprar por no tener dinero suficiente, o porque lo necesitaban en otras prioridades más indispensables.
Lo que yo pedía generalmente era un gasto caprichoso e innecesario, no así si se trataba de comer, indumentaria, útiles escolares, incluso algún esparcimiento.
Mis padres no lo hacían por mezquinos o para ahorrar, sino porque les faltaba, y dentro de su escasez procurar distribuirlo de una manera útil, provechosa y conveniente. Que lo diga un jefe de familia por su bajo salario o ingreso está por demás justificado, pero que dicha expresión surja de un Jefe de Estado, que administra y dispone de los fondos públicos que se forman con la contribución de todos, es algo además de insólito, por lo poco razonable y creíble, dramático en cuanto a las consecuencias económicas y sociales que tal extrema como negadora decisión puede ocasionar.
Lógicamente que cuando se habla de plata en este país se refiere a la moneda nacional que es el peso, y no a otras que no son de curso legal, como las divisas extranjeras o las hoy llamadas criptomonedas.
Según los economistas liberales una de las mayores causas que provocan la inflación es la excesiva emisión monetaria, es decir de billetes, en nuestro caso el peso.
¿Cómo puede ser entonces que no haya plata, cuando por tal motivo resulta abundante su circulación?.
La frase “no hay plata” no deviene de la escasez de circulación, sino de restringir su distribución para evitar aumentos de salarios y jubilaciones, y en el caso de Milei yendo más allá de la política económica liberal ortodoxa, de negar también transferir fondos coparticipables a los gobiernos provinciales, que constitucional y legalmente les pertenece.
Es como el administrador de una sociedad que acapara los recursos que administra, debiéndolos repartir equitativamente a quienes son socios de la misma. Constituyendo ello un apoderamiento ilegítimo por abuso de poder y ejercicio arbitrario y discrecional en sus funciones.
Además el ”no hay plata” de Milei es para pretender justificar un severo y duro ajuste fiscal, que más que una disminución del gasto público del estado está direccionado a congelar y licuar ingresos de asalariados y jubilados, para lograr un ficticio déficit cero, que intenta obtenerlo para fortalecer las arcas de un Estado, que dice detestar y combatir por ser burocrático y asfixiante para la sociedad, a la que al mismo tiempo perjudica al tomar tales medidas, lo cual es una díscola e incomprensible contradicción.
La cuestión pasa no por falta de plata, sino por carencia de dólares.
El mayor déficit es una abultadísima deuda externa que no se puede pagar y unas casi ínfimas reservas en dólares por desequilibrios en la balanza comercial, a veces por falta de controles y especulaciones en exportaciones e importaciones (subfacturaciones y sobrefacturaciones) y una fuerte evasión y elusión fiscal, con fugas de divisas al exterior.
Dólares también hay pero en el colchón o fuera del país.
La expresión como respuesta de ¡no hay plata para eso!, deviene conveniente cuando en una familia por ejemplo se suprime un gasto innecesario, y en el caso del Estado si el recorte se refiere a algún privilegio, prebenda o ámbito y repartición ociosa e inoperante. Pero no así, si se vincula a la alimentación, la salud y la educación, que son las tres prioridades fundamentales para la subsistencia, la preservación de la vitalidad y el desarrollo humano.
El “no hay plata” de Milei apuntó a esas tres necesidades esenciales que hacen al bien común, congelando y licuando salarios y jubilaciones, quitando asistencia a comedores escolares y populares, a la compra de insumos y medicamentos, y una reducción presupuestaria respecto a fondos destinados a la educación en sus tres niveles, primario, secundario y universitario.
Tal decisión si tiene que ser calificada, es de irracional y hasta de suicida. En igual sentido y por idénticos motivos negarle la coparticipación a los gobiernos provinciales, como represalia por la no aprobación de la ley ómnibus, pues queriendo con ello perjudicar a la persona del gobernador a quienes realmente daña es a los habitantes de esa provincia, que se ven afectados en su poder adquisitivo.
Con tal premisa de Milei queda una vez más demostrado que siempre son los mismos, los beneficiados y los perjudicados.
Respecto a los primeros los acreedores externos y los dueños del mercado, y de los segundos los asalariados, jubilados y los sectores sociales más carenciados.