A fines del pasado mes de abril la noticia corrió como reguero de pólvora, el Intendente Juan Pablo García había sido agredido por una empleada municipal en momentos en que recorría la sede de la Secretaría de la Juventud y Tercera Edad. Poco después trascendía que también la mujer había efectuado una Denuncia Penal contra el Jefe Comunal. Y ahora, 90 días después, este Diario pudo conocer que concluido el Sumario Administrativo dispuesto y con la resolución dictada en la Denuncia Penal, se dictó el Decreto que dispuso su cese laboral en la Municipalidad por “inconducta notoria y falta grave que perjudica el prestigio de la Administración”.
Los hechos: el pasado 29 abril, en circunstancias que el Intendente Juan Pablo García recorría los Talleres Municipales en la sede de esa Secretaría (Edificio “El Cóndor”), al acercarse a saludar a la empleada C.S.L., esta sin mediar situación preliminar alguna le profirió un golpe en una mejilla, para luego en forma intempestiva retirarse de su puesto de trabajo. De lo sucedido fueron testigos un Funcionario Municipal y tres empleadas del área.
Ese mismo día la mujer formuló una Denuncia Penal contra él Intendente García, la que tramitó ante la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (UFEC), en la que señalaba, que cuando el Jefe Comunal la había saludado ella le había manifestado: “prefiero que no me salude porque Usted no me cae bien”, y que cuando el Intendente salía del lugar ella le había dicho que dejara la puerta abierta, que García la había cerrado, y que cuando ella la abrió él la estaba esperando para decirle que “era una irrespetuosa”, que además la había pechado y que eso la había sacado, que le había dado un golpe en el rostro con el teléfono.
A raíz de lo sucedido en el Municipio se inició un Sumario Administrativo, en la que declararon el Funcionario que había presenciado la agresión al igual que las empleadas que habían sido testigos del suceso, disponiéndose durante la tramitación la suspensión de la mujer en sus tareas mientras se resolvía su situación.
En mayo, el titular de la UFEC, Dr. Mario Pérez, dispuso el archivo de la Denuncia a partir de los testimonios de las personas presentes al momento del hecho, y en particular por los dichos de la propia denunciante, que según la Resolución Judicial, en su manifestación se advertían “argumentos en la denuncia claramente sesgados y orientados a resguardarse de eventuales Sanciones Administrativas”. Puntualmente se señaló, que del contenido de las declaraciones testimoniales recepcionadas “surge una versión distinta de los hechos, por cuanto -si bien los testigos desconocen cuál fue el dialogo previo entre denunciante y denunciado-, los mismos pueden afirmar que se habría tratado de una conversación pacífica entre los intervinientes que habría culminado con una agresión violenta e injustificada hacia el denunciado, basado en presunta disconformidad político-partidaria”.
De su parte en el Sumario Administrativo las declaraciones tuvieron un tenor similar. Por ejemplo una de las empleadas testigo de la agresión dijo: “Al Intendente no lo vi alterado, tampoco escuché gritos de éste ni discusión previa entre ambos. Incluso García le preguntaba… porque le había levantado la mano como no entendiendo el porqué de la agresión”.
Al declarar la mujer sumariada dijo que padecía hostigamiento y persecución política partidaria por ser simpatizante del exintendente municipal Camilo Etchevarren, y habló de las permanentes dificultades por las que había atravesado por haber sido trasladada sin razón alguna.
Luego de valorarse los testimonios recibidos y lo resuelto con la Denuncia Penal, y no habiendo la empleada manifestado arrepentimiento alguno que pudiera valorarse como atenuante, se procedió al cierre del Sumario y a aconsejarse se dispusiera su cese laborar tal como lo determina el Estatuto del Empleado Municipal, que impone sancionar “con cesantía cuando se configura la falta de respeto a los superiores, la inconducta notoria y la falta grave que perjudica el prestigio de la Administración”
Por ello a inicios del pasado mes de junio se dictó el Decreto Municipal que dispuso la Cesantía de la agente C.S.L. “por haber incurrido en falta de respeto a los superiores, inconducta notoria y falta grave que perjudica el prestigio de la Administración”.