Desde ayer se vive la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, un período que se extenderá hasta el domingo a las 21 y en el que rigen una serie de restricciones para garantizar un proceso electoral tranquilo y sin interferencias externas.
Está prohibido emitir cualquier tipo de propaganda televisiva, radial o gráfica. Tampoco se podrán difundir encuestas y sondeos preelectorales y los primeros datos pueden informarse recién después de las 21 del domingo.
Asimismo, durante el desarrollo de los comicios y hasta tres horas después de cerrada la jornada electoral, no se pueden realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
Además, los comercios no pueden vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 y durante el día del comicio, con posibles penas que van de uno a seis meses de prisión. Además, los electores tienen prohibida la portación de armas, el uso de banderas u otros dispositivos.
Los ciudadanos que incumplan con la veda estarán acusados de una violación al Código Electoral y serán sancionados si la Justicia comprueba la falta. Cada pena depende del incumplimiento en el que incurran. Por ejemplo, la persona que incumpla la veda electoral puede percibir una multa de entre 10.000 y 100.000 pesos.
Todas las prohibiciones dentro de la veda
Se prohíbe el proselitismo electoral y posteos en redes sociales destinado a promover el voto de un candidato en particular.
Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.
La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.
La portación de armas está prohibida durante la veda electoral.
Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
En tanto, según la legislación vigente, todas aquellas personas que induzcan el voto o incentiven el ausentismo recibirán penas de dos meses a dos años de prisión. Y quienes utilicen medios tendientes a violar el voto secreto pueden recibir hasta tres años de cárcel.