En notas anteriores nos hemos referido al incumplimiento permanente por parte del Intendente Camilo Etchevarren a las disposiciones legales que lo obligan a publicar los Decretos Municipales por él firmados. Ahora, a partir de un análisis periodístico que hemos realizado hemos podido confirmar ese escandaloso proceder que muestra que más del 80 por ciento de los dictados en 2019 y 2020 no han sido publicados, lo que conlleva fundadamente a pensar en un intencionado ocultamiento de información que debe ser pública.
La Constitución Nacional y también la provincial garantizan el derecho del ciudadano a la información, ya que sin él carecería de control del poder público básico para el sistema republicano de gobierno. En consecuencia, las autoridades comunales tienen el deber de dar a publicidad a los actos de su gestión de gobierno.
Al respecto hemos de recordar, que en publicaciones anteriores señalamos que el artículo 108º inciso 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que “sin restricciones” deben publicarse en el Boletín Oficial Municipal al menos una vez al mes todas las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones que dicten el Departamento Ejecutivo y el Deliberativo. Que la Ordenanza General 267/80 de Procedimientos Administrativos vigente, en su Artículo 112º indica que los actos administrativos “no producirán efectos respecto de los mismos en tanto no sean publicados legalmente”. Y que en el Artículo 125º la normativa puntualiza, que los actos administrativos solo “producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que determine el Departamento Ejecutivo”.
Como esa disposición legal el Intendente Etchevarren en forma sistemática no la cumple, y cuando publica sus Decretos lo hace en forma mañosa e intencionada -sin guardar orden por fecha o número-, decidimos hacer un análisis periodístico a partir de los dictados en los años 2019 y 2020 y publicados en el Boletín Oficial, ya que los del año pasado aún -al día de ayer- no se lo ha hecho con los firmados casi un año atrás, en noviembre de 2021.
El trabajo sin dudas fue difícil por lo engorroso de esas publicaciones, y para poder arribar a las conclusiones de este informe debimos ordenarlos por número y fecha, Boletín por Boletín, para luego y a partir del uso de una herramienta informática verificar cuántos y cuáles habían sido publicados, es decir hasta donde Etchevarren y los funcionarios responsables cumplieron con la ley.
En ambos años hemos tomado como último Decreto el publicado en el Boletín Municipal, pero por la fecha del mismo entendemos que los hay posteriores.
La verdad que al concluir el análisis el asombro nos alcanzó una dimensión impensada, comprobamos que Etchevarren deliberadamente ocultó múltiple información que debía haber hecho pública, más aún, cuando muchos de esos Decretos permitirían conocer en qué se gastan los fondos públicos, quiénes son los favorecidos con las compras en Licitaciones o Concursos, es decir, echar un poco de claridad a una gestión de gobierno que de por sí es bastante ocultista.
El análisis lo hicimos a partir de considerar que algún faltante podía considerarse un error humano, pero realmente la conclusión a la que arribamos nos permite inferir que lo sucedido ha sido intencional.
Veamos por qué:
En 2019 se dictaron hasta el 21 de diciembre 1775 Decretos, de los cuales Etchevarren sólo publicó 346 (el 19,54%), es decir incumplió con hacerlo con 1.428 (el 80,46%).
En 2020 el último Decreto que aparece publicado fue el número 1.159 del 21 de diciembre de ese año (seguramente hay posteriores), pero de ese total solo lo hizo con 267 (doscientos sesenta y siete), el 23 por ciento, es decir se desconoce que decidió Etchevarren con los 892 restantes.
Conclusión: en esos dos años de gobierno el Intendente Etchevarren les ocultó a los vecinos la información que surgiría de más de 2.300 Decretos firmados y no publicados, violando así principios constitucionales y puntualmente la Ley Orgánica de los Municipios que rige para los actos de gobierno.
Entendemos que el Jefe Comunal ha actuado con una impunidad asombrosa, que nadie parece tener voluntad de controlar, que además del Intendente hay otros funcionarios a quienes les cabe responsabilidad por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, quienes deberían ser identificados y sometidos a la pena y alcances que fija la propia Ley Orgánica.
El listado de los Decretos no publicados los pondremos a disposición de los responsables del contralor de las cuentas municipales, llámese Concejo Deliberante o Tribunal de Cuentas, para que tomen cartas en el asunto y de una vez y para siempre se pueda hablar de “cuentas claras” en el Municipio de Dolores.