El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció penalmente ante los tribunales federales de La Plata al vocero de la Corte Suprema de Justicia y mano derecha del presidente del máximo tribunal y al ministro de Seguridad porteño actualmente de licencia, Marcelo D’Alessandro, por «delitos de tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Kicillof vinculó a la Ciudad de Buenos Aires con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de la masa de coparticipación, que resultó a favor de la jurisdicción gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. De esta forma, el funcionario bonaerense hace alusión a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro y difundidos a fines del año pasado.
En esos mensajes, el vocero le sugería a D’Alessandro estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que CABA mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
Según la denuncia presentada por el gobierno bonaerense, «la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
A su vez, Kicillof alegó que la provincia «es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema» y que «pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno».
Desde el Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que «las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma» y agregaron: «Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional».
«Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires», se puntualizó desde el gobierno provincial.