Hace unos días dábamos cuenta de una investigación que lleva adelante el Juzgado Federal de Dolores, por los presuntos hechos de interferencia en la identificación de los cadáveres aparecidos en La Costa en los años 1978/79 (dictadura militar), y que a ese fin el Juez Dr. Martín Bava había citado a indagatoria a un ex juez de Dolores, a un ex Director de Catastro del Municipio de Gral Lavalle, a un médico de policía y a ocho ex agentes de la Policía Bonaerense.
En la información consignábamos que a esas personas y con distintos grados de responsabilidad, se les endilgaba haber interferido en la identificación de catorce cuerpos que aparecieron en distintas playas de La Costa, con el objeto a dar cobertura a quienes se deshacían de personas que habían sido secuestrados y luego arrojadas al mar, en el marco de una siniestra metodología que se conoció como “vuelos de la muerte”.
También señalamos que en esa actuación judicial había dos abogados querellantes, que una era la Dra. Gloria León, dolorense actualmente radicada en Mar del Plata, con quien precisamente nos contactamos para conocer detalles de la causa y de su participación.
Y como tanto ella, su padre y su hermana, fueron por esos años secuestrados y privados de su libertad por miembros de las Fuerzas Armadas, la consultamos para saber si había en esta investigación alguna relación con esos hechos, a lo cual nos respondía: “No, ningún tipo de relación, nada tiene que ver esta causa con lo personal. Soy querellante, soy abogada de la APDH del Tuyú Sur y represento al señor Daniel Iglesias, vecino de Villa Gesell que vivió aquella época y que por tener conocimiento de la aparición de cadáveres en playas aledañas se propuso investigar para que saliera a la luz. Porque en los pueblos se comentaba, pero después nadie hablaba, menos en aquella época.
- – Llama sin dudas la atención que 44 años después se conozca la investigación. ¿Dónde y cuándo comenzaron a salir a la luz esos hechos?
La primera vez que yo tomo conocimiento de esta causa, porque soy abogada de algunos familiares en Mar del Plata desde el año 2020, fue cuando comenzó el “Juicio por la Verdad” en esta ciudad. No tenía carácter punitivo, era solamente por el derecho a conocer la verdad de lo que había pasado. Cuando en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma el planteo en la causa llamada “Simon”, el juez Cavallo, que no es más juez, declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los indultos a militares por estar implicados en delitos de lesa humanidad. A partir de 2005 empiezan a abrirse las causas penales comunes.
- – ¿Juicios por “Delitos de Lesa Humanidad”, a partir de qué?
Nuestro Código Penal no habla de delitos de lesa humanidad, en el Derecho Internacional Penal sí. Lo novedoso de estos juicios y del sistema que llevamos en Argentina, es que lo único que se toma del Derecho Internacional Penal es el concepto del delito, lesa humanidad, que por eso los hace imprescriptibles.
- – ¿Esta causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores se inició en Mar del Plata?
La denuncia la hizo Daniel Iglesias en 2007 o 2008, en el contexto del “Juicio por la Verdad”, que todavía seguía haciéndose en Mar del Plata. En 2010 los fiscales tomaron la causa, pero se declararon incompetentes, entonces pasó a Dolores. Pero estuvo muy dormida, incluso con la parva de escritos que yo había presentado, las documentaciones.
- – ¿Qué significa llegar a un juicio, qué representa para ustedes?
La importancia que le damos a esta causa, es que cierra todo el circuito de exterminio que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles de la Argentina en el periodo que abarca el último gobierno militar. Las personas que fueron secuestradas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, todos los casos ya han sido juzgados. Es necesario conocer de ese accionar de militares, policiales y civiles que tuvieron intervención a medida que aparecían esos cadáveres en nuestras costas, lo que hicieron para evitar que se identificara a quienes pertenecían, para ellos todos eran muertes “dudosas” o “por inmersión”. Salvo algunas autopsias que describen el real estado en que estaban los cuerpos, las fracturas que tenían, equiparables a un cuerpo tirado de mucha altura, o sea… los tiraban de los aviones al agua.
- – ¿Cómo surge que en Dolores había Expedientes de desaparecidos?
En mi caso me lo contó mi papá. El iba a Tribunales (trabajaba en un Estudio Jurídico), no existía por entonces el Juzgado Federal, en el ambiente se sabía que había expedientes penales por averiguación de muerte y que terminaban todos “N.N. averiguación de muerte”. En esa época yo sabía que habían aparecido cuerpos en La Costa y que a algunos los habían inhumado en el cementerio de Dolores como N.N.
- – ¿En nuestro cementerio?
Sí. Esos cuerpos no se encontraron, fueron a parar al osario, nunca se los halló.
- – ¿Quiénes y cuándo se comienza a indagar de esos cadáveres?
Cuando Nora Cortiñas y otras madres llegan a Dolores buscando datos, ellas tenían sus hijos desaparecidos en Buenos Aires en 1978, 1979, pero no les dieron pelota, no les informaron de nada.
- – En el Juzgado Penal 2 de Dolores, donde estaban los expedientes, ¿nada pasó?
El Juez (Carlos) Facio los mantuvo ahí, no avanzó, podría haber pedido pese al estado de descomposición que tenían los cuerpos hacer un rastreo dactiloscópico, o llamar a familiares para identificarlos de alguna otra manera. No mostró, no hizo nada. Y sobre todo la causal de muerte. No recuerdo el nombre de un médico que dijera algo distinto a “muerte por inmersión, paro cardio respiratorio”, como si simplemente se hubiesen ahogado.
- – ¿Lo que endilgan al médico llamado a indagatoria?
Exactamente. Porque contrastan sus descripciones y los documentos que firmó como médico, con las descripciones de la autopsia de otro médico en circunstancias similares, la aparición de cuerpos en Mar del Ajó, Villa Gesell. Los únicos que si fueron en su momento identificados fueron los de Azucena Villaflor, que estaban en Cementerio de Lavalle, y el de la monja francesa, que deben ser del mismo grupo de personas que tiraron al mar. Al hacerse el juicio en Buenos Aires hubo una serie de indicios que llevaron a pensar que podrían estar enterradas en algún lado, por eso se llegó al Cementerio de Gral. Lavalle, alguien habló, claramente, dando datos precisos de dónde podía haber víctimas de terrorismo enterradas como N.N., y efectivamente se identificaron 14.
- – Tenemos entendido que eran 17 o más. ¿Serían los enterrados en Dolores?
Puede ser, porque hay 14 identificados, pero otros no, pueden haber sido enterrados como N.N. en el Cementerio de Dolores, ya no queda nada de ellos, porque pasado los años y si nadie hace algo, pasan al osario.
- – ¿Qué responsabilidad pueden tener los policías llamados a indagatoria?
Creo que algunos van a poder demostrar que no pudieron hacer otra cosa, por la época que se vivía. La Ley no exige un comportamiento heroico, que pusieran en riesgo la vida para cumplir con la ley, la verdad y la moral. La ley no exige eso. Pero un comportamiento normal sería haber guardado algunos datos, y una vez recuperada la Democracia, que pasó unos años después, podrían haber aportado esa información. Esa es su conducta más reprochable.
- – ¿La investigación como cierra, cuál sería el objetivo a lograr?
Demostrar como el plan sistemático de exterminio que se perpetró en la República Argentina en esos años, consistió en el secuestro, la tortura para la delación y para ordenar nuevos nombres, el exterminio, enterrarlos como N.N o tirados al mar. Y que por ello fueron nuevamente desaparecidos, para lo que se necesitó de la colaboración y complicidad consciente de funcionarios policiales, sean agentes, médicos policiales, de municipales, bomberos de las ciudades donde aparecieron esos cuerpos. No cumplieron con sus deberes como funcionarios públicos y volvieron a desaparecer estos cuerpos. Creo que la importancia es demostrar cómo, no solo hubo implicados en el secuestro, la tortura, la desaparición, sino que además se necesitó el accionar, por acción u omisión, de otras personas cuando aparecieron algunos cadáveres, a los que se los volvió a hacer desaparecer ocultando información.
- – Que se lograría si se concreta el juicio
Aunque no se pudiera imputar a alguno de los investigados por estar fallecidos, el juicio igual se tiene que hacer. Se debe conocer lo que pasó, cómo se completó este circuito represivo que hubo en Argentina. Que no solo fue el secuestro y desaparición.
- – ¿Hay otro querellante en la causa?
Si. El año pasado se incorporó el Dr. Pablo Llonto, que representa a dos familias por dos cuerpos que fueron identificados gracias al equipo de antropología forense, y porque los familiares dieron muestras de sangre, se comparó el ADN y de ahí salió la identificación.
- – ¿Está muy avanzada la investigación o hay mucho camino por recorrer hasta al juicio?
Creo que con las nuevas personas que actúan en el Juzgado (Federal), sobre todo el Secretario, Maximiliano Chichizola, está encaminada con el gran impulso que le ha dado -hay presentaciones que hicimos hace 4 o 5 años que recién ahora se han incorporado-. Creo que el año que viene puede haber juicio, resta confirmar si las personas que podrían ser imputadas están vivas o no. Hay muchas más. Se han mandado oficios a muchas reparticiones, al Archivo Histórico Judicial de Dolores, para ver si aparecen expedientes.
- – En el Archivo tiene que al menos estar registrados en los libros.
Claro, mas allá de que se haga cada tanto quema de expedientes, los libros están. Cuando empezamos el Juicio por la Verdad en Mar del Plata en el año 2000 con dos abogadas más, íbamos al menos dos horas por día a los Tribunales Federales a buscar libros a partir de 1974, algunos con hojas arrancadas, para buscar todos los casos que fueran por infracción a la Ley 20.840. Esa ley reprimía en su momento las actividades subversivas, que es una ley del gobierno peronista del 1974 que siguió vigente hasta 1983, cuando la derogó (Raúl) Alfonsín, lo mismo que la pena de muerte del Código Penal.
- – ¿Pena de muerte?
La pena de muerte rigió en nuestro pais desde abril de 1974 hasta 1984, cuando Alfonsín en una de las primeras leyes que mandó al Congreso y fue derogarla.
- – ¿Siente que este juicio es una oportunidad de hacer algo por aquellos desaparecidos?
Siento que tengo el derecho y la obligación de estar, por los que no están. Por suerte hay muchos abogados jóvenes que no vivieron nada de eso pero que igual tienen conciencia.