El Ministerio Público Fiscal representado por el Fiscal Federal de Dolores Dr. Juan Pablo Curi, y la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, pidieron en el marco del juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se condene a “tres años de prisión” a hijos del fallecido Leonardo Miguel Save, sindicado como integrante de la “Banda de Aníbal Gordon”, una organización paramilitar que actuó en la época del terrorismo de Estado.
La acusación señaló a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save como responsables del delito de “lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad”, reprochándoseles haber realizado diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Además, el Fiscal Dr. Curi requirió que cada uno de ellos pague “una multa por el doble del valor de los terrenos”, se solicitó su decomiso para una “destinación específica”, garantizar la reparación integral de la sociedad afectada a través de medidas satisfactivas, dirigidas a la garantía de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos.
Para la acusación, representada también por los Auxiliares Fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, quedó demostrado que el dinero para la compra de los terrenos provino de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de la coordinación represiva denominada “Plan Cóndor”, y de los sucesos perpetrados contra víctimas del centro clandestino de detención y torturas “Automotores Orletti”, en particular, del dinero sustraído a una víctima de nacionalidad uruguaya que fue secuestrada y asesinada en 1976 en ese centro clandestino.
La Fiscalía contó durante el proceso de investigación y de juzgamiento, con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, a cargo de María Fernanda Bergalli, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena, y con la asistencia también de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Ante el Juez Dr. Roberto Falcone -que integra unipersonalmente ese Tribunal Oral Federal-, la Fiscalía durante más de tres horas realizó un repaso del marco histórico en que se cometieron los delitos de lesa humanidad como precedentes de la maniobra juzgada, y a partir de allí se reconstruyeron las diversas estrategias realizadas para transferir, adquirir y administrar el predio de 36 hectáreas, predio ubicado a la vera de la laguna de Chascomús.
Para el Fiscal Dr. Juan Pablo Curi había quedado comprobado tanto en causas que tramitaron en otros tribunales como en la prueba reunida en este caso, que dentro de las prácticas que vino a estandarizar el Plan Cóndor “con el objetivo de facilitar la destrucción o eliminación de quienes se opusieran a las dictaduras cívico militares de la región” se cometieron robos y se realizaron apropiaciones de bienes de detenidos desaparecidos, además de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y operaciones de desinformación.
Por su parte la auxiliar fiscal Montero señaló, que se había probado durante el debate, que fue el centro clandestino Automotores Orletti el epicentro de la ejecución de este plan, desde donde se coordinaba la represión regional, con un rol preponderante de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Indicó, que para 1976 y dentro de su estructura coexistían distintos tipos de operadores, entre ellos, personal inorgánico como Aníbal Gordon y Miguel Save, padre de los cuatro acusados.
Que también se había acreditado la pertenencia de Save a la “banda de Aníbal Gordon”, de su presencia en múltiples hechos delictivos cometidos antes y después del golpe de Estado”, agregando, “quedó establecida la conexión entre (esta) banda que operaba en el centro clandestino Orletti y su participación en el secuestro y la apropiación de los bienes en la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, entre muchos otros”.
Puntualmente el Dr. Curi señaló, que el grupo de tareas que sustrajo una millonaria suma de dinero de la vivienda del dirigente uruguayo asesinado, al menos en una parte habría sido utilizada por quienes conformaban la organización para efectuar la operación de compra-venta de los lotes ubicados en el barrio Parque Girado de la ciudad de Chascomús con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario de construir un “Boating Club”, el que finalmente no se concretó.
Que según informe de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires), esos terrenos fueron adquiridos por miembros de la banda con el objeto de un desarrollo inmobiliario, a partir de boletos de compra venta suscriptos con personas inexistentes, en fecha concomitante al secuestro de la víctima, el allanamiento por parte del grupo de tareas de su vivienda de la que se llevaron una suma millonaria (Operación Oro), y que según surge de la propia sentencia dictada en la causa “Plan Cóndor” fue –en parte- reinvertida en la compra de los terrenos, que a la postre, fueron escriturados por los aquí imputados”.
En este sentido el Dr. Juan Pablo Curi describió la operatoria de cada uno de los imputados en relación con la adquisición y la administración de los predios. que dijo se extendió hasta la actualidad, encuadró esas conductas en la figura de “lavado de dinero”, se explayó acerca del dolo requerido en la maniobra y además solicitó para esas tres personas “tres años de prisión”.
Al momento de requerir el decomiso del predio la Fiscal Mazzaferri señaló, que debía tener un destino dirigido a instancias de garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Y sugirió por la experiencia en el tema, la entrega a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Sitios y Espacios para la Memoria, por la posibilidad de articular la materialización de esa finalidad con el Estado municipal de Chascomús.