En un juicio abreviado sustanciado en el Juzgado en lo Correccional Nº 2 Departamental, un vecino del Partido de General Paz fue condenado por su responsabilidad en un hecho de “violación de domicilio y amenazas” que perpetrara en mayo del año pasado en la localidad de Gral. Belgrano
El juicio según la resolución del Juez Dr. Jorge Martínez Mollard a la que “Diario Compromiso” accedió, fue consensuado por el Fiscal Dr. Juan Manuel Dávila y el Defensor Oficial Dr. Gustavo Estrada, con asentimiento apreso del imputado en los términos del acuerdo alcanzado.
Respecto de los hechos señalo el Juez, tener legal y plenamente probado que en horas de la noche del 16 de mayo de 2023 un sujeto se hizo presente en un domicilio de la localidad de General Belgrano, donde tras golpear y dañar la puerta de ingreso accedió al interior contra la voluntad expresa de sus moradores, se dirigió a la habitación en la cual se encontraban acostados quien había sido su pareja y el actual de esta, lugar donde mediante el empleo de una cuchilla comenzó a tirarles puntazos a la vez que les decía que los iba a matar. Que la mujer en determinado momento había logrado escapar del lugar y se había refugiado en casa de una vecina, desde donde se había dado aviso a la policía, cuyos efectivos procedieron a la aprehensión del sindicado en torno al lugar de los hechos como también al secuestro del arma blanca utilizada.
El Magistrado para resolver merituó el testimonio de la mujer, de su actual pareja, de la vecina que auxilió a la primera, el del personal policial interviniente, quienes señalaron al sujeto perpetrador de los hechos y de que portaba en su mano un arma blanca, testimonios que según el veredicto demostraban la materialidad ilícita y la autoría.
Por ello el Juez Martínez Mollard resolvió condenar a Carlos Roberto Sueldo, de 51 años de edad, tractorista, nacido en Santiago del Estero y domiciliado en una estancia del Partido de Gral Paz, por resultar autor del delito de “daño, en concurso ideal con violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas”, imponiéndole como pena “un año de prisión de efectivo cumplimiento”.